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Ayer se dieron cita en el I Foro Juntos Sumamos Más, Colaboración público-privada en el mundo inmobiliario, organizado por WIRES (Women in Real Estate Spain) en la fundación Joan Miró de Barcelona, distintos expertos del sector inmobiliario para analizar la situación actual de la colaboración público-privada en dos vertientes: el parque actual de vivienda (en alquiler, pública y asequible) y la situación de la vivienda sostenible y eficiente.

Colaboración público-privada en el parque actual de vivienda

La primera de ellas, en la que se ha tratado la colaboración público-privada en el entorno de la vivienda en alquiler, y la vivienda pública y asequible, ha estado moderada por Ariadna Belver, Belver & Co RSC Real Estate. Junto a ella, Mª José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Carles Sala i Roca, secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat de Cataluña; Beatriz Toribio, experta inmobiliaria y socia de WIRES; Anna Valverde, delegada en Madrid de Salas Plushabit; Silvia López, socia de Roca Junyent; y Mikel Echevarren, CEO de Colliers España y Portugal.

En este primer panel de debate se ha partido de la situación de déficit de vivienda social en alquiler que tiene España respecto a otros países europeos. La vivienda social en régimen de alquiler representa un 2,5% del total y la media europea es del 9,3%. Se estima un déficit de esta tipología de vivienda de 1,8 millones de unidades, lo que supondría un tiempo de entre 25 y 30 años para llegar al nivel esperado. En este contexto, la colaboración público-privada se posiciona como la clave real para dar una solución a este problema de vivienda.

Seguridad jurídica

En el transcurso de esta mesa de debate, se han puesto sobre la mesa mensajes como la necesidad de una seguridad jurídica que garantice la inversión, la necesidad de más fondos para las administraciones, la agilización en los procesos de licitación, así como la necesaria mejora de los pliegos de las licitaciones para favorecer que se presenten más empresas.

Carles Sala i Roca ha asegurado que “desde 2007, no hay una legislación de vivienda que aguante intacta más de cinco años y eso no genera seguridad jurídica” y para suplirlo propone “un pacto entre todos los sectores”. Por su parte, Mª José Piccio-Marchetti es una fiel partidaria de la seguridad jurídica: “la seguridad jurídica es fundamental para todos. Con rentabilidades limitadas con pequeños márgenes, si se toca una variable sensible, se descabala el negocio”.
La seguridad jurídica para Mikel Echevarren pasa por una colaboración público-privada orientada a generar iniciativas públicas que atraen inversión privada. “La seguridad jurídica es la premisa vital para que un inversor privado invierta y, hoy por hoy, los fondos de inversión están invirtiendo en Madrid. No hay más de un 15% de ellos que quiera invertir en Barcelona y eso, es por la seguridad jurídica”. Y para la fomentar la colaboración público-privada en la creación de vivienda, Sala i Roca reclama la necesidad de un compromiso presupuestario ya que afirma que “no hay fondos desde la Generalitat para tratar el tema de la vivienda como la salud o la educación”. Piccio-Marchetti, en este sentido, subraya la licitación pública con concesión a privados por 50 años que han sacado desde la Comunidad de Madrid.

El reto de la sostenibilidad inmobiliaria en España

El segundo panel de debate, moderado por Teresa González, directora Hospitality y Residencial de AECOM, se ha centrado en analizar qué soluciones constructivas innovadoras y sostenibles existen para la vivienda. El panel estaba formado por Xavier Guzmán, consultor de Estrategia de Sostenibilidad en IMPACT PERCEPTIONS; Fernando Aranda, miembro del comité de expertos del grupo de energía de INCASÒL (Institut Català del Sòl); Mª Begoña López, CEO especialista en industrialización en Componentes y unidades constructivas; Helena Salvadó, socia directora del departamento de Edificación en Batlleiroig; y Marta Badia, arquitecta y socia en Blossom.

El consenso al que se ha llegado entre todos los ponentes es la necesidad de una mayor consciencia del concepto de sostenibilidad en la edificación y la industrialización del sector para favorecer la construcción, mantenimiento y durabilidad de un parque de vivienda sostenible en España. Así, Xavier Guzmán ha expuesto que “el reto es que la regulación llegue a tiempo, para que el sector privado pueda adaptarse bien”. Del mismo modo, ha asegurado que “el sector privado tiene que entender lo que es la sostenibilidad y cómo se usa para vender los activos que se crean ya que se pierden oportunidades por eso”. En cuanto al otro lado de la balanza, para Guzmán la administración “debe aportar solidez legal. No se pueden dar bandazos”.

Fernando Aranda promueve que “hay que ser conscientes del concepto de sostenibilidad y, además, a largo plazo”. En esta misma línea insiste Helena Salvadó, y añade que “la industrialización es vital para conseguir mejores edificios y ciudades eficientes”. Para Marta Badia, el tiempo apremia, “no se puede perder el tiempo. Y dar tiempo a los que están en ello”, refiriéndose así a aquellos actores del sector que se están adaptando a las nuevas medidas de sostenibilidad. Igualmente, Badia promueve la profesionalización a través de establecer un paso previo a modo de primera fase con un estudio hecho por especialistas en edificios verdes para lograr la realización de “un buen proyecto sostenible”.

Según Begoña López, “la administración debe ayudar a industrializar el sector agilizando licencias o aportando beneficios para que los promotores privados y los fondos se incentiven a apostar por la promoción sostenible”. Y por la parte del sector privado, “que entiendan que para esto hay que ir con los guías adecuados, no improvisar”. El debate ha finalizado con la certeza de que es la Administración la que debe liderar el cambio hacia la construcción de edificios sostenibles porque es quien hace de cabeza tractora en todos los países que tienen bien instaurada la sostenibilidad en su sector inmobiliario.

*Fuente:Ejeprime.