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¿Funciona la Ley de Vivienda? Claves de las nuevas medidas del Gobierno
3 Feb 25Es evidente que la Ley de Vivienda y las políticas aplicadas hasta ahora no han conseguido los objetivos deseados: los precios del alquiler no han bajado, la oferta sigue cayendo, y los problemas de acceso a la vivienda persisten.
Reconocer el fracaso para poder avanzar
Reconocer el fracaso para poder avanzar
El propio Gobierno parece haber reconocido, de forma implícita, el fracaso de la Ley de Vivienda y el control de precios en zonas tensionadas, al presentar 12 nuevas propuestas que corrigen en parte políticas previas referidas al mercado del alquiler y la necesidad de vivienda.
Las zonas tensionadas, por ejemplo, han demostrado ser ineficientes. En ciudades como Barcelona, no solo no han reducido los precios del alquiler, sino que han generado una disminución de la oferta. Cada vez se firman menos contratos y los propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado ante la inseguridad jurídica y las limitaciones impuestas.
Las 12 medidas anunciadas por Pedro Sánchez buscan corregir esta situación. Entre ellas destacan tres pilares fundamentales: la promoción de vivienda pública, incentivos fiscales para propietarios, y un sistema de garantías públicas para inquilinos y arrendadores.
Promoción de vivienda pública: una apuesta necesaria pero insuficiente
Promoción de vivienda pública: una apuesta necesaria pero insuficiente
El déficit histórico en vivienda pública en España es un problema que ninguna administración ha sabido resolver. La creación de una nueva empresa pública que gestione inmuebles y terrenos para la construcción es un paso en la dirección correcta, pero plantea algunos riesgos. Es necesario garantizar que esta entidad sea eficiente y no compita con los particulares al adquirir vivienda del mercado, lo que podría generar aún más tensiones en la oferta.
Desde Alquiler Seguro, consideramos efectiva esta medida. Sin embargo, es necesario que se complemente con la colaboración privada, algo que no queda claro en las medidas anunciadas.
Incentivos fiscales
Celebramos la propuesta de exenciones fiscales para los propietarios, que refleja un cambio de enfoque, pero no estamos de acuerdo con que esta excepción esté supeditada solo al índice de precios de referencia, y se debería extender a toda la oferta. Además, este índice es una herramienta que se ha demostrado que está muy lejos de la realidad del mercado, y que técnicamente tiene muchas lagunas para poder medir de forma seria y rigurosa los precios del alquiler.
Seguridad jurídica: una asignatura pendiente
Incentivos fiscales
Celebramos la propuesta de exenciones fiscales para los propietarios, que refleja un cambio de enfoque, pero no estamos de acuerdo con que esta excepción esté supeditada solo al índice de precios de referencia, y se debería extender a toda la oferta. Además, este índice es una herramienta que se ha demostrado que está muy lejos de la realidad del mercado, y que técnicamente tiene muchas lagunas para poder medir de forma seria y rigurosa los precios del alquiler.
Seguridad jurídica: una asignatura pendiente
Uno de los grandes frenos al aumento de la oferta de alquiler es la inseguridad jurídica. En este sentido, el anuncio de un sistema de garantías para propietarios e inquilinos es una propuesta que recibimos con cautela. Aunque aún no se conocen los detalles de su funcionamiento, cualquier medida que aporte mayor estabilidad al mercado será bienvenida.
Es una medida imprescindible para disminuir la retirada de inmuebles del mercado, ya que muchos propietarios no ven garantías ni seguridad en esta modalidad de alquiler. Es imprescindible que se incluyan mecanismos ágiles y efectivos para resolver conflictos, para proteger los derechos tanto de inquilinos como de propietarios.
Otras medidas
Otras medidas
El compromiso del Gobierno con la rehabilitación de viviendas es también un paso positivo, aunque su eficacia dependerá de su correcta implementación.
Por otro lado, medidas como las limitaciones fiscales a las SOCIMI generan preocupación. Estos vehículos de inversión son fundamentales para promover la creación de vivienda en alquiler, y restringir su funcionamiento podría reducir aún más la oferta.
Algo similar ocurre con las medidas dirigidas al alquiler turístico: aunque entendemos que deben tributar como una actividad económica, su reconversión al mercado tradicional no resolverá el problema de la falta de oferta.
La propuesta del PP: «Declaración de Asturias»
La propuesta del PP: «Declaración de Asturias»
En paralelo a las medidas del Gobierno, el Partido Popular ha presentado su «Declaración de Asturias». Este plan, centrado en la cesión de suelo público al sector privado para la construcción de vivienda tasada, con precios un 30% por debajo del mercado, las rebajas fiscales, el apoyo hipotecario a los jóvenes menores de 40 años y, sobre todo, la derogación de la Ley de Vivienda complementa de manera interesante algunas de las propuestas del Ejecutivo.
Destacamos la importancia de reducir la burocracia y agilizar los trámites, algo que en muchas ocasiones ha frenado la puesta en marcha de medidas eficaces. Aunque el enfoque del PP resulta atractivo en términos generales, también requerirá un fuerte compromiso político para su correcta implementación. Las políticas de vivienda no pueden quedarse en declaraciones de intenciones, deben aplicarse de manera coordinada, rápida, y con los recursos suficientes para que sean eficaces y se conviertan en soluciones reales.
Un punto de partida, no una solución
Un punto de partida, no una solución
Desde Alquiler Seguro, valoramos positivamente que tanto el Gobierno como la oposición estén planteando medidas alejadas de la Ley de Vivienda para abordar esta crisis. Sin embargo, somos conscientes de que el éxito de estas y otras iniciativas debe aglutinarse en un verdadero Pacto de Estado sobre la vivienda en España, y que se concrete de forma seria y realista, donde los tiempos estén más próximos a las necesidades de nuestro país y no a las agendas electorales.
La vivienda es un derecho fundamental y tiene que estar amparado por una política social de vivienda que lo impulse y lo haga realidad. Y al mismo tiempo debe haber una política de vivienda que establezca reglas claras y seguridad jurídica en el mercado de arrendamientos urbanos.
Fuente:fotocasa**
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