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La Ley de Calidad de la Arquitectura se constituye como un instrumento legislativo capaz de consolidar un nuevo modelo de transición, donde el ciudadano será el protagonista. Así lo expone Alfredo Sanz Corma, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), quien reconoce que, aunque la normativa se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) puesto en marcha como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, “su aprobación no responde a este momento concreto, sino que será una ley dinámica, moderna e inclusiva”.

De la misma opinión se muestra Comerón, quien explica que el colectivo lleva “años” trabajando para que España cuente con una norma que, “siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno”, defina y reconozca el interés general de la arquitectura “para garantizar un bienestar duradero que contribuya al desarrollo social y económico del país”. “La arquitectura y su calidad se sitúan en el ámbito del interés general. Aplaudimos que se haya emprendido la tramitación de esta ley”, subraya.

La sostenibilidad funcionará en la futura normativa como uno de los ejes vertebradores del texto. Ello se debe, apunta Juan de Soto, director técnico de Locare Real Estate, a que actualmente existe “una sensibilidad cada vez mayor con estos criterios” y, en paralelo, cada vez más “todos los intervinientes en el ciclo constructivo son receptivos a trabajar teniendo en cuenta estos criterios”. “Estas cuestiones ya no son el futuro, sino el presente”, recalca.

En paralelo, desde CGATE argumentan que, entre los fines que persigue la normativa, se encuentra precisamente alcanzar los objetivos de descarbonización del patrimonio inmobiliario, así como “conseguir la neutralidad climática, avanzar en la eficiencia energética, fomentar el uso de las energías renovables, luchar contra la pobreza energética e impulsar la economía circular”. Para ello, destaca Sanz Corma, “centrará su visión en el análisis de impacto, tanto negativo como positivo, de la arquitectura durante todo el proceso de su vida”. También favorecerá el incremento de consumo de energía casi nulo “e incluso positivos”, añade este experto, que agrega que esto se producirá no solo en la nueva edificación “sino mediante enfoques integrados en la rehabilitación del parque existente”.

El legislador reconocerá, en el futuro texto, la contribución de la arquitectura a la calidad de vida, al bienestar y a la salud. Al respecto, Comerón insiste en la dimensión “transformadora” de esta disciplina, la cual “tiene un impacto directo en nuestras vidas”. En esta línea, apela a los cambios que ha introducido en el universo de la vivienda la pandemia de la Covid-19, pues “el confinamiento nos descubrió la interrelación que existe entre nuestro bienestar, la vivienda, el barrio y la ciudad”. Por este motivo, el colectivo celebra que la ley tenga en cuenta estos aspectos y respalde la necesidad de implantar una arquitectura de calidad. “Esta responde adecuadamente a las necesidades reales de las personas que la utilizan y al conjunto de la sociedad, aportando bienestar, confort y eficiencia”, añade.

La potenciación de estos aspectos por parte de la futura normativa no deja de lado elementos que tradicionalmente se han vinculado a esta disciplina, como es el diseño o la belleza que transmiten los edificios. De hecho, insiste Comerón, para que llevemos a cabo una transición hacia una sociedad “más sostenible, justa y resiliente” es necesario conjugar belleza y buen diseño “con innovación y desarrollo tecnológico”. Por su parte, desde Tectum aseguran que con la futura ley el diseño no estará “reñido” con la calidad de la arquitectura. Así, defiende que un edificio es “tanto más bello” cuando aúna el diseño con la funcionalidad para sus usuarios y el respeto por el entorno y el medio ambiente. “El desempeño de los arquitectos es, en este aspecto, mayoritariamente modélico”, agregan.

El Anteproyecto de ley hace referencia a fomentar la accesibilidad universal en el mayor grado posible. En esta línea, desde CERMI han reclamado que este objetivo no sea “un mero enunciado que remita a otras normas”, sino que se considere como un valor superior que se ha de respetar, de manera expresa, reconociendo la contribución de la arquitectura española a la igualdad de oportunidades y a la inclusión”. Así lo defiende Luis Javier Alonso Calzada, gerente de la organización, para quien la materialización de este propósito supondría “que no se produzca discriminación o exclusión por ausencia o deficiencias del valor superior de la accesibilidad y del diseño para todas las personas.

Asimismo, desde CERMI se ha solicitado que la normativa que finalmente se apruebe haga una referencia “expresa” a la asequibilidad, entendida esta como la eliminación o mayor atenuación posible “de las barreras económicas que impidan o dificulten el uso y disfrute de la arquitectura y del entorno construido por todas las personas y grupos sociales”, entre las que se encuentran las personas con discapacidad”. “Además, consideramos que es importante que la normativa contenga una referencia explícita a la inclusión social y a la participación comunitaria”, concluye Alonso Calzada.


*Fuente:pisos.com